Si bien el aumento en las tarifas del agua puede resultar insignificantes para algunos, nuestras comunidades más pobres sienten su carga.
En 2014, el Departamento de Agua y Saneamiento de Detroit tomó una medida extraordinaria: con el fin de recuperar facturas impagas, cortó el suministro de agua corriente a más de 30,000 familias de bajos ingresos que estaban atrasadas en sus pagos. Si bien la compañía trató de poner a sus clientes en un plan de pagos y reponer el servicio, la acción provocó el repudio de todo el mundo y hasta Naciones Unidas envió una delegación a la ciudad y consideró la medida como “contraria a los derechos humanos”.
Los cortes han continuado. Según la Unión Americana de Uniones Civiles de Michigan, entre 2014 y 2018 se cortó el agua a más de 112,000 familias de Detroit. El incidente es un recordatorio para las compañías de servicio de todo el país. Es posible que el agua sea indispensable, pero no siempre es asequible – especialmente para quienes más necesitan reducir gastos.
Los sistemas hídricos construidos a mediados del siglo pasado durante el auge de infraestructuras o para cumplir con las exigencias de la Ley de Agua Limpia de los años setenta, están llegando al fin de su vida útil. Esto es por encima de masivos programas para reemplazar líneas de plomo y cobre, la necesidad de procurar más agua para zonas expuestas a sequías, y el costo de adaptar infraestructuras existentes a los climas extremos debidos al cambio climático.
Eso significa que las compañías de servicios públicos se enfrentan con costosas reparaciones y nuevos costos – gastos que se transfieren a los clientes como tarifas más altas. Casi 12 por ciento de familias – unos 14 millones de norteamericanos – ya se enfrentan con tarifas de agua imposibles de pagar, y un estudio hecho por la Universidad del Estado de Michigan (MSU) en 2018 estima que podría elevarse al 36 por ciento en los próximos cinco años. El estudio se basa en el cálculo de asequibilidad hecho por EPA – que el gasto de agua y saneamiento combinado no debería ser mayor que el 4.5 por ciento del ingreso promedio de una familia de la región. Según las agencias de la Asociación Nacional de Agua Limpia (NACWA, por sus siglas en inglés), las tarifas del agua han aumentado más que la inflación desde 2002.
Las tarifas por servicio de saneamiento varían mucho por todo el país. Aquí, los estados están agrupados por cada región EPA. Colorado está en la Región EPA 8, donde la tarifa promedio anual en 2018 fue de $289 – más baja que en otras regiones.
Cuando esos costos se distribuyen entre miles o millones de usuarios, el efecto es insignificante para la mayoría. Pero, para quienes dependen en entradas fijas, hasta pequeños aumentos pueden hacer una enorme diferencia en sus presupuestos.
“Cuando pensamos sobre asequibilidad, no nos preocupa si es caro que alguien riegue su jardín. Queremos saber que la gente puede cocinar, bañarse, usar sus inodoros … las necesidades básicas”, dice Manny Teodoro, profesor adjunto en el departamento de ciencias políticas de la Universidad A&M de Texas.
En Colorado, como en la mayoría de los estados del oeste, el precio del agua se ha mantenido mayormente asequible gracias a nuevas infraestructuras y a la fijación de tarifas prudentes. El estudio de MSU reveló que menos del 8 por ciento de los sectores censados estaban en “alto riesgo” de una crisis de asequibilidad basada en ingresos, mejor que todos salvo otros 12 estados (se definieron como sectores de “alto riesgo” aquellos con un ingreso promedio inferior a $32,000, donde los aumentos de tarifas afectarían desproporcionadamente los presupuestos de los usuarios). Entre las regiones de riesgo identificadas por el estudio estaban Denver, Pueblo, Colorado Springs, y Alamosa en el valle de San Luis.
Aunque Denver Water—que suministra agua a 1,400,000 personas, o 25 por ciento de la población del estado – se prepara para un segundo año consecutivo de aumento de tarifas, las quejas porque los precios se descontrolaran fueron mínimas. Según Todd Hartman, vocero de Denver Water, la mayoría de los hogares paga por el agua menos del 1 por ciento de sus ingresos. Denver Water no tiene datos específicas sobre cuántas familias pagan más del 1 por ciento por agua potable, dice Hartman, pero agregó que las “condiciones socioeconómicas en el área de servicio de Denver Water se comparan favorablemente con los promedios nacionales y han continuado mejorando en años recientes”.
“Cuando se mira el costo del agua, aún los aumentos, comparado con lo que está sucediendo con los alquileres, no es terriblemente significativo”, dice Paul Aldretti, defensor de equidad sanitaria del Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Denver y miembro del Consejo Asesor de Ciudadanos de Denver Water, donde representa la zona noreste de Denver. “En las reuniones a las que he asistido, las cuestiones más importantes son las de la calidad del agua”.
Sin embargo, ante la inminencia de costosas reparaciones, se requerirá un esfuerzo concertado para mantener una buena infraestructura y suministrar agua de calidad, y al mismo tiempo evitar que las tarifas aumenten de tal manera que las familias de ingresos más bajos se vean afectadas desproporcionadamente.
EPA estima que durante los próximos 20 años el país necesitará $472.6 mil millones para mejorar los sistemas de aguas públicas, 10 veces más de lo que el Fondo Renovable del Estado para Agua Potable ha aportado en las últimas dos décadas. En Colorado, las necesidades de las infraestructuras de agua potable se calculan en más de $10 mil millones, según el informe de 2020 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles sobre la infraestructura de Colorado, con una porción de esa cantidad destinada a ser devuelta a los usuarios. Esto impulsó discusiones sobre la mejor manera de financiar tales reparaciones – y cómo garantizar que ningún cliente sienta una carga injusta cuando los servicios requieren más capital.
“La cuestión de las facturas [por el servicio] ha estado siempre latente, pero se está tornando más y más significativa”, dice Andrew Rheem, directivo de la firma consultora Raftells con base en Colorado que ha trabajado con compañías de servicios en Boulder, Greeley y Denver. “La manera en que se trate seguirá evolucionando, pero en la actualidad muchas comunidades sencillamente se preguntan cómo encontrar alguna solución”.
El costo del agua
Cuando la asequibilidad del agua entra en la conversación nacional, generalmente se debe a una crisis como la de Detroit, donde las facturas del agua aumentan a tres dígitos y resultan insostenibles para algunas familias. Sin embargo, es difícil decir en qué parte de los Estados Unidos la gente está teniendo dificultades para pagar sus facturas porque no hay una manera clara de evaluar la asequibilidad.
Tradicionalmente, los gobiernos y las compañías de servicios – incluyendo Denver Water – determinan la asequibilidad con el cálculo de EPA que compara las facturas por suministro de agua y saneamiento con el ingreso promedio de una familia en una determinada región (MHI, por sus siglas en inglés). Si el agua potable no supera el 2.5 por ciento de MHI y el saneamiento no supera el 2 por ciento, se consideran asequibles.
Pero, los críticos dicen que esa medición no refleja fielmente quién podría resultar perjudicado por facturas inalcanzables. En un informe dispuesto por el congreso (Congressionally mandated report), la Academia Nacional de Administración Pública informó que la medida de EPA no toma en cuenta a los usuarios más vulnerables y no refleja el hecho que las tarifas por el agua han aumentado más que otros gastos e ingresos familiares. Las familias más pobres – y que serán las más afectadas – pueden ser omitidas si solamente se toman en cuenta los ingresos promedio.
En 2018, Teodoro, de la universidad A&M de Texas, publicó en AWWA Water Science un documento titulado Medición de la Capacidad de las Familias para Pagar Servicios de Agua y Cloacas (Measuring Household Affordability for Water and Sewer Utilities) lanzando su propia métrica, llamada AR20, la cual evalúa los costos como un porcentaje de ingresos disponibles para las familias que están por debajo del vigésimo percentil de ingresos. Los economistas ven esto como el “límite inferior de la clase media”. Un documento de 2019 titulado Asequibilidad de Agua y Cloacas en América aplicó esa métrica a 360 servicios de todo el país y descubrió que, en promedio y a nivel nacional, los pobres que trabajan pagan por agua casi el 10 por ciento de sus ingresos. De continuar las tendencias económicas, esa cifra podría aumentar.
Las facturas por servicio de saneamiento de todo el país han estado aumentando. Desde 2003 hasta 2018, el costo anual por el servicio se ha duplicado – un aumento del cien por ciento. La facture promedio anual actual es de $504, que era el 2 por ciento del umbral federal de pobreza de 2018 para una familia de cuatro personas. En ese mismo período de tiempo, la inflación no ha seguido el mismo camino y solamente hubo un aumento del 36 por ciento en el índice de precios al consumidor.
“En muchísimas comunidades, cosas como alquiler y energía aumentan más rápido que los ingresos”, dice Teodoro. “Tanto el numerador como el denominador están yendo en dirección equivocada”.
Sin embargo, es probable que el mayor sufrimiento se sienta en el sur de los EE. UU., donde los ingresos son más bajos y las infraestructuras necesitan desesperadamente trabajos de reparación. También corren mucho peligro las ciudades del noreste, donde las cañerías existen desde comienzos del 1900 y la brecha salarial es más grande.
Elizabeth Mack, autora del estudio de MSU, dice que la asequibilidad está destinada a ser una “crisis en expansión”. Ya representa una carga para las familias que luchan con elevados costos de alquileres, energía y alimentos, pero pronto puede aumentar aún más.
“Se pueden comenzar a ver problemas que afectan hogares que consideramos son de renta baja/media”, dice Mack. “Estos hogares ya están exprimidos desde una variedad de perspectivas. Podría dejar de ser un problema si los ingresos aumentaran mucho, pero, dicho sencillamente, esto no está sucediendo”.
La crisis también impacta la segregación racial. En un informe de 2019 (2019 report), la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color descubrió “una clara conexión entre la segregación racial residencial y el acceso de la gente de color a los sistemas de agua”, incluyendo aumentos de tarifas que afectan de manera desproporcionada a los barrios negros.
El índice de asequibilidad (AR, por sus siglas en inglés) estima los costos de agua y cloacas como una porción de ingresos disponible, pero para focalizarse en familias de bajos recursos, Manny Teodoro de Texas A&M mide el AR como el vigésimo percentil de ingresos (AR20), que generalmente identifica el límite inferior de la clase media. Según la investigación de Teodoro, una familia que se encuentra en el vigésimo percentil de ingresos gasta aproximadamente 9.7 por ciento de su ingreso disponible en los servicios de agua y cloacas de una compañía promedio de los EE.UU. Sin embargo, AR20 varía ampliamente entre un mínimo de 0.6 y un máximo de 35.5.
Sin embargo, el oeste ha evitado esos problemas en su gran mayoría. El análisis nacional que hace Teodoro reveló que los estados del oeste tenían, en conjunto, tarifas más asequibles que el resto del país. La publicación anual de NACWA Índice del Costo de Agua Limpia (Cost of Clean Water Index), reveló que la Región 8 de EPA (Colorado, Utah, Wyoming, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur) tenía los costos promedio de saneamiento más bajos de todas las regiones, con un promedio anual de $289 comparado con la cifra nacional de $504.
Esto se debe en parte a urgentes necesidades de infraestructura. Si bien mucha de la infraestructura hídrica de Colorado es de por lo menos los años sesenta, todavía se encuentra en mejor estado que las cañerías y plantas de tratamiento de otras partes del país. La Asociación Americana de Ingenieros Civiles estima que Colorado necesitará $10 mil 19 millones en las próximas dos décadas para infraestructura de agua potable, una cifra enorme pero más baja que la de otros estados como Pennsylvania ($16.77 mil millones), Alabama ($11.26 mil millones) y Ohio ($13.41 mil millones).
Aún las áreas donde los niveles de ingreso podrían indicar problemas de asequibilidad han mantenido tarifas bajas para el agua. En base a sus ingresos promedio, el valle de San Luis era una zona de alto riesgo en el estudio de Mack, pero las tarifas en la ciudad de Alamosa no representan una pesada carga para sus habitantes. Heather Brooks, administradora de la ciudad de Alamosa, dijo que la ciudad, en todo caso, ha mantenido tarifas bajas para cubrir costos de capital. Contribuyó a cubrir estos costos un impuesto a las ventas de medio centavo dedicado a infraestructura hídrica.
Joe Cervi, vocero de Pueblo Water, también dijo que la compañía de servicios ha reducido sus costos manteniendo poco personal y planificando con anticipación las reparaciones importantes. Según información de la ciudad, la factura promedio por 11,000 galones de agua es de $53.15, muy por debajo del promedio de $62.82 de la región precordillerana de Colorado.
Una mano solidaria
Con frecuencia, la asequibilidad puede ir de la mano con una de las mayores prioridades de las compañías de servicios de Colorado: la conservación. En 2014, Longmont Water decidió fomentar la conservación cobrando a sus clientes según su consumo en vez de una tarifa plana que cobraba igual a todos por sus primeros 2,000 galones. Sin embargo, eso generó la preocupación de que el cambio podía castigar a las familias que necesitaban mucha agua para bañarse y cocinar, dice Becky Doyle, analista de tarifas del Departamento de Obras Públicas y Recursos Naturales de la ciudad de Longmont.
“Una abuela que vive sola puede mantener baja su factura de agua, pero esa no es la única clase de composición de bajo ingreso familiar por el que debemos preocuparnos”, dice Doyle. “No todas las familias de bajos ingresos consumen poca agua”.
Longmont ya tenía un programa de descuentos para personas de la tercera edad, pero amplió esos beneficios a todos los hogares que califican para el Programa de Energía para Bajos Ingresos (LEAP, por sus siglas en inglés). Pero, como señal de que el agua no es prioridad para muchas familias, en el primer año solamente se registraron dos solicitantes adicionales. Una divulgación de mayor alcance obtuvo aproximadamente 130 participantes, pero Doyle reconoció que aún ésos no son todos.
Al enfrentarse con reparaciones de infraestructura muy necesarias, otras compañías de servicios del estado han intentado reducir el impacto a sus clientes con sus propios programas de asistencia expandida. Denver Water, por ejemplo, ha planificado alrededor de 140 proyectos para los próximos cinco años, los que requieren facturas más elevadas para sus clientes. Después de un aumento de tarifas en 2019 que sumó aproximadamente 55 centavos por mes a los usuarios urbanos (el aumento fue entre $1.90 y $3.40 por mes para hogares de los suburbios), la junta ha aprobado otro aumento para 2020 que agregará aproximadamente otro dólar más por mes. (Para los hogares suburbanos, el aumento será entre $1.15 y $1.36.)
Los aumentos del cargo fijo mensual, asociado con el tamaño del medidor, se están haciendo lentamente para acompañar los ingresos públicos año por año y para limitar el impacto sobre la comunidad, dice la compañía de servicios. Denver también utiliza una cobranza basada en tres elementos y está evaluando cobrar el uso interno – como la descarga de inodoros, cocinar y bañarse – con la tarifa más baja para disminuir el peso a las familias de bajos ingresos que, por así decir, no pagarán por regar un jardín. Las tarifas más bajas también se miden durante el invierno, reflejando así el “uso esencial, no discrecional”, dice Denver Water. Por supuesto, esos planes pueden tener consecuencias no intencionadas cuando la gente trata de reducir el precio sus facturas no regando sus jardines y dejando crecer las plantas, lo que puede disminuir el atractivo y el valor de la propiedad. Eso ha sido especialmente cierto en los suburbios de Denver, donde las tarifas son más altas, que dentro de los límites de la ciudad.
Denver Water también ofrece ayudas como cancelación de cortesía por única vez y prórroga en el vencimiento para pagar una factura atrasada sin cortar el agua, además de una asociación piloto con Mile High United Way para aliviar por única vez el pago de facturas. En noviembre de 2019, Denver Water informó que en 2019 se habían hecho 134 pedidos para ayuda de emergencia por única vez de hasta $300, y que 48 fueron aprobados. Los usuarios de bajos ingresos también pueden solicitar auditorías y modernizaciones sin cargo para mejorar la eficiencia.
En otras partes, las compañías de servicios están estudiando estructuras basadas en ingresos que asegurarían que las familias más pobres tengan la menor carga de costos. En 2017, Philadelphia puso en marcha la primer estructura del país que cobraba tarifas más bajas a las familias que estaban entre el 150 por ciento del nivel federal de pobreza, o por debajo del mismo, y algunos expertos predijeron que en realidad eso aumentaría la recaudación pública por la disminución de pagos atrasados o de los que no se hacían. Baltimore, donde algunos residentes afroamericanos pobres se han quejado por facturas de tres dígitos, también ha debatido una estructura similar, y los defensores están mirando esto de cerca para ver si el modelo podría ser expandido a más ciudades que se están enfrentando con crisis de cobranzas.
¿Tiene arreglo?
Para las compañías, prestar servicio sin aumentar tarifas sería muy fácil si hubiera un influjo de financiamiento federal. Washington ha estado hablando sobre infraestructuras; en un plan de febrero de 2020, la administración Trump propuso $200 mil millones para gastos o proyectos de infraestructura hídrica. Los representantes demócratas agregaron $21 mil millones para fondos renovables estatales y $1.1 mil millones para limpieza de plomo dentro del paquete de $40 mil millones conocido como LIFT Act (Leading Infrastructure for Tomorrow’s America Act) presentado en mayo de 2019. Ambos reforzarían los costos que se necesitan por adelantado para infraestructuras, sin enfocarse particularmente en la asequibilidad.
Otras leyes que están circulando por el congreso también servirían para establecer diversos fondos fiduciarios para infraestructuras hídricas o para subvencionar programas. Sin embargo, los atascamientos que se producen en Washington hacen estén paralizados hasta programas normalmente tan populares como éstos.
En 2012, California adoptó una resolución de Derecho Humano al Agua, convirtiéndose en el primer estado en declarar que sus ciudadanos tienen derecho a tener “agua segura, limpia, asequible y accesible”. Para lograr esos objetivos, el estado se ha embarcado en un estudio de asequibilidad a nivel estatal y explorará estrategias para reducir costos aunque construya nueva infraestructura. En Colorado, sin embargo, no se ha hecho ningún compromiso similar. La Propuesta DD, pasada en noviembre para legalizar apuestas deportivas y que su producido fuera para pagar proyectos hídricos, podría ayudar a compensar algunos costos de infraestructura, pero no tiene ningún mecanismo para que una compañía de servicios públicos subsidie directamente a los usuarios o para reducir sus facturas.
Mientras tanto, los estándares del agua y los costos de infraestructura se seguirán acumulando. Eso, dice Mack de MSU, significa que las compañías de servicios públicos necesitan comenzar a hacer planes para evitar los peores impactos.
“No podemos decir lo que va a pasar, pero podrían verse algunos grandes aumentos en las facturas si toda esta inversión diferida se hace al mismo tiempo. El riesgo se produce cuando éso llega a los hogares que ya están siendo exprimidos”. dice ella.“Todavía no estamos en una crisis”.
Jason Plautz es un periodista con base en Denver especializado en política ambiental. Sus escritos se han publicado en High Country News, Reveal, HuffPost, National Journal y Undark, entre otros.
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